El ambicioso proyecto de la Cuidad de la Justicia, de la Comunidad de Madrid, se prepara para revolucionar el sistema judicial, concentrando servicios en Valdebebas para mejorar la eficiencia y accesibilidad.

Liderada por Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid, está a punto de dar un paso significativo hacia la modernización y centralización de sus servicios judiciales con el lanzamiento del proyecto para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid. Con una inversión programada de 680 millones de euros, este proyecto se destaca como una iniciativa clave para consolidar hasta 28 sedes judiciales, que hoy se encuentran dispersas por toda la ciudad, en un solo complejo ubicado en Valdebebas, al norte de la capital. Esta estrategia marca una desviación significativa de los modelos concesionales anteriores, los cuales, tras varios intentos fallidos, han sido reemplazados por contratos de obra directa, asegurando así que la administración tenga el control completo de las instalaciones una vez estén terminadas.

Madrid se Prepara para Transformar su Sistema Judicial con la Ciudad de la Justicia para 2028

La planificación detallada revela que el concurso para este ambicioso proyecto se lanzará antes de abril, con un objetivo claro: completar todas las obras para finales de 2028. Este enfoque faseado no solo pretende mejorar la eficiencia y la funcionalidad del sistema judicial madrileño sino también reducir los costos operativos actuales, que incluyen más de 70 millones de euros anuales en concepto de alquileres.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado la importancia de este proyecto, que no solo busca centralizar servicios sino también ofrecer un espacio más amplio y moderno para la administración de justicia en Madrid. Se espera que el proyecto, dividido en dos lotes y ejecutado en cuatro fases, comience en los primeros meses de 2025, con las empresas adjudicatarias responsables de erigir entre 10 y 13 edificios en un área de 132.000 metros cuadrados. Esta expansión representa un aumento del 61% en la superficie disponible para los órganos de justicia, marcando un hito en la evolución de la infraestructura judicial de la Comunidad de Madrid.

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